Las mejores salas de casinos online
Los casinos y los bingos tradicionales no quieren que los gigantes del juego online les quiten protagonismo en un sector que consideran demasiado regulado. Compañías como Cirsa junto a Codere y Recreativos Franco, ya han transmitido a la Administración su malestar por el nulo tratamiento fiscal que soportan las compañías de apuestas en Internet al trabajar desde paraísos fiscales.
Resaltan que mientras los operadores comunes que trabajan en casinos reales soportan una alta fiscalidad, por ejemplo de cada euro que un ciudadano se deja en un casino real más de la mitad va a parar al erario público, los casinos en Internet pueden actuar libremente ya que operan desde países con una fiscalidad más permisiva. Además, insisten que en España la diferencia de normativas autonómicas supone una ruptura de la unidad de mercado para las compañías que operan en todo el país.
Fuentes de la compañía Cirsa consideran que una solución al problema de la fiscalidad podría pasar por controlar las sumas de dinero que ingresan los ciudadanos gracias a este tipo de apuestas electrónicas. Para ello proponen que los premios de este tipo de casinos se reciban siempre a través de bancos que operan en España y no comenzando en entidades extranjeras que permitan sortear los controles del fisco.
Por ahora no insisten ni han reclamado seguir los pasos de Estados Unidos cuando prohibió los pagos mediante las tarjetas de crédito. Se calcula que la industria del gambling en ese país factura unos 12.000 millones de dólares.
Pero los operadores clásicos no son los únicos que se sienten mal por la poca regulación del sector en España. La Comisión de Economía y Hacienda del Senado ha pedido al Ejecutivo, a propuesta de Convergencia i Uniò, que se elabore un proyecto de ley para controlar los servicios de juego y las apuestas electrónicas. Una petición que ya ha recibido el visto bueno de la Asociación Española de Apostadores Deportivos por Internet (Aedapi). Esta organización entiende que el sector de las apuestas en Internet 'se rige bajo una normativa estatal que no ofrece un marco satisfactorio para el sector y que además no es coherente con el derecho comunitario', asegura la Aedapi en un comunicado.
